¿Construcciones ilegales?

M. Mansilla ..
Las viviendas ilegales ocupan gran parte de España. Este tipo de construcciones, surgen al ser más rentables que la Bolsa y gracias a la Ley del Suelo del 98, que hacía casi todo el terreno urbanizable; aunque según Antonio Vercher (fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo) : “Creo que la nueva situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo, que limita el terreno urbanizable”. Esta, va a permitir la construcción de viviendas, la rehabilitación de las existentes y cada ayuntamiento tendrá unos planes especiales. Las comunidades con más viviendas de construcción ilegal son: Andalucía, Murcia, Alicante, Cantabria, Valencia y Canarias.
Las demoliciones no se suelen evitar, sobre todo, para proteger el medio ambiente. Aunque ha habido bastantes cancelaciones de demoliciones por parte de jueces o ayuntamientos y la gente acusa a los grupos políticos de hacer preferencias. Hasta ahora los gobiernos de las comunidades autónomas decidían legalizar las viviendas o solares que ya habían sido construidos para ahorrarse el dinero de las demoliciones. Por eso, si estabas acusado de tener viviendas ilegales y no hay forma de legalizarlas, al pagar las demoliciones, el juez te quita sanciones. Las zonas de costa son las más afectadas, Málaga, por ejemplo, tiene 30.000 de estas construcciones.

Aunque o hace falta salir de nuestra comunidad para comprobar este dato porque la costa cántabra a una continua urbanización. Hay cinco municipios que tienen 23 sentencias firmes de derribo, esto afecta a 523 viviendas en Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos. Sólo en Piélagos, hay más de 200 viviendas con sentencias de derribo. La Asociación de Maltratados por la Administración ha calculado que el coste de derribos e indemnizaciones costará unos 234 millones de euros. Casi 4.000 personas están afectadas por la mala gestión de los ayuntamientos. El 26 de julio el Parlamento de Cantabria, aprobó una ley que pretende evitar el derribo de 600 viviendas declaradas ilegales y con la amenaza de demolición.
Esta medida parecía ser la solución definitiva a los propietarios afectados, pero los jueces siguen mostrándose implacables y el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a apremiar a los ayuntamientos de Argoños y Piélagos a ejecutar las sentencias de demolición dictadas contra 122 chalés distribuidos en tres urbanizaciones. De los 298,8 kilómetros de costa que tiene Cantabria, 133,8 Km. están protegidos. Un 44,8% del litoral cántabro cuenta con alguna figura de protección. Pero la mayoría de estos espacios no tienen una protección adecuada y son numerosos los ejemplos de urbanismo, infraestructuras y contaminación que están acorralando este medio natural. Aunque hasta que se detecta una infracción urbanística y llega la sentencia que ordena una demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición hay propietarios que han comprado de buena fe y no hay fácil solución. Aunque no sólo hay edificios que no cumplan la legislación, las chabolas que son mucho más numerosas y no se sabe cuanta gente habita en ellas. Almería y Murcia son las provincias en las que más abundan estas infraviviendas, construidas por los propios inmigrantes para estar cerca de las explotaciones agrícolas en las que trabajan, construidos con cartones, plásticos y maderos, y en los que las personas hacen fuegos para cocinar y calentarse.
Los agentes de la Policía Localse desplazan a los descampados para tratar de identificar un número aproximado de habitantes. Las consecuencias más directas de estas construcciones son la erosión costera, que afecta al litoral español y cuya característica más visible es la desaparición de las playas. Se calcula que el 90% de nuestro litoral sufre problemas de regresión, además, al haber tanta urbanización el mar es atacado directamente por los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar. España ocupa un lugar destacado en cuanto a infracciones referentes a la calidad de sus aguas. Además al haber un construcción masiva se esta desdibujando la costa y alterando el litoral y el este constituye la principal causa de de visitantes extranjeros a España.
El turismo supone el 12% del Producto Interior Bruto, es decir, es uno de los pilares básicos de la economía española. La urbanización en primera línea de playa ha destruido más del 25% de los principales elementos de la costa. Estos elementos costeros se agrupan en valiosísimos ecosistemas (dunas, deltas, humedales) que suelen estar amenazados a pesar de estar protegidos. Pero para empeorar más esta situación a finales del pasado año se realizó una modificación de la Ley de Costas dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Esta modificación aprobada apoya a los planes urbanísticos de los ayuntamientos, animando así la especulación urbanística y olvidándose de la protección y conservación de las costas. Estas modificaciones agravan la ocupación del espacio costero, llegando a autorizar construcciones con una protección casi nula como, por ejemplo, construir con una la franja de veinte metros hacia el mar. Algunas modificaciones de esta ley son:
• Se propone que las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público se adapten a las normas urbanísticas.
• Sólo se denegará la ocupación del dominio público cuando se demuestre que se trata de una actuación perjudicial.
• Se acota el plazo para que el Estado declare la extinción del derecho de ocupación del dominio público a 12 meses.
• Se acota a 12 meses el plazo para resolver los expedientes sancionadores.
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